¿Cuándo exagerar es delito?

¿Cuál es la frontera entre exagerar y mentir? ¿Cuál es la responsabilidad política que se debe asumir por el primer pecado y cual por el segundo? ¿Cuántos silencios se deben guardar? El Ministro de Hidrocarburos Luis Alberto Sánchez y su equipo de comunicación han tomado por costumbre inflar las cifras, dispararlas al azar, hacer apreciaciones grosso modo para después convertirlas en titulares sin percatarse en algún momento que esas prácticas lo han convertido ya en el Ministro menos creíble del gabinete y, lo que es más peligroso, al sector en Bolivia en una especie de gran comedia de la que todos se ríen sin pena.

El Ministro Sánchez tal vez ha creído que con un premio Maya, uno de esos premios que no se puede decir que se compran porque te demandan, ha logrado revalorizarse en algo o ganar algo de credibilidad. Tal vez ha conseguido hacer olvidar la postergación de la entrega del informe de reservas que debía haberse producido hasta el 30 de junio pero que, al parecer, ha obtenido un permiso especial para hacerlo en algún momento más favorable.

El informe de reservas, claro, venía entre polémica luego de cinco años sin contratarlo y por la más que posible reducción que se intuía por los escasos éxitos reportados y contrastados en materia de exploración. Sin embargo, el Ministerio, lejos de darle un perfil bajo a este asunto o apurar argumentos de tipo endógeno, ha apostado por abrir las puertas al fracking, que vendría a ser la antítesis de los valores que teóricamente representa Morales con su traje de la Madre Tierra, y encargar algunos informes para acabar dando cifras de, y es literal, “más de 100 Trillones de Pies Cúbicos convencionales y más de mil no convencionales”. Nadie sabe muy bien si se trató de un error que se convirtió en exageración porque aquí nadie rectifica o si simplemente fue una fantasmada al uso.

Especialista es también el Ministerio de Hidrocarburos en disparar cifras de “inversión” en exploración y en explotación. Decenas de notas de prensa con decenas de millones de dólares que la empresa tal o cual invertirá en el pozo tal o cual. Cifras que nadie puede ni contrastar ni estimar, salvo los más expertos en hidrocarburos. Lo que sí a nadie engaña es cuando pretende convencer de que esos mil o dos mil millones se quedan en Tarija. Las comunidades de las zonas intervenidas saben bien que a veces ni el catering y a veces ni la mano de obra no calificada, son contratadas.

La última es empezar a falsear el destino de la renta petrolera y pretender hacer creer que “el 50% de las utilidades de estos proyectos se queda en la región” como explicaba su último boletín de prensa. El Ministerio sabe bien, primero, que no se trata de utilidades, sino de impuestos y regalías lo que queda en la región; y si pensáramos que se trata de otro error, el enésimo, no tendría nada de inocente en un momento en el que se vuelve a poner en duda la buena voluntad del Gobierno en invertir en Tarija o que, cuando lo hace, lo hace de cualquier manera, como la vía Entre Ríos Palos Blancos.

A Tarija llega menos del 11 por ciento de las regalías que genera el gas que emana desde las entrañas de esta tierra. Hasta hoy se sigue descontando, imagínense, el costo del transporte por ducto. El resto se va al Gobierno Nacional que distribuye el IDH entre municipios y gobernaciones y universidades. Tarija produce aún, y con suerte, la mitad del gas del país. Y no, no se queda la mitad de ese valor en el departamento. Se va solidariamente al resto de departamentos, municipios y también al Gobierno Central, pero sobre todo se va a los bolsillos de las grandes petroleras, que siguen haciendo el trabajo de la incapaz YPFB (otra premio Maya), a través de los pagos y sobre todo, de los opacos “costos recuperables” en los que todo se oculta.