Contra la militarización de Bolivia

El texto de la carta magna contempla que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad interna sólo cuando la Policía se haya visto rebasada, y por lo tanto, sea la misma Policía quien lo solicite. Nada de eso ha pasado.

El Gobierno de Jeanine Áñez, Arturo Murillo y Luis Fernando López ha decidido militarizar el país. Desde ayer, la Policía y el Ejército realiza operativos conjuntos de patrullaje en diferentes zonas del país. En Tarija, por ejemplo, se fueron directos al Mercado Campesino. En La Paz ocuparon la plaza San Francisco.

El argumento es la prevención, aunque no se dan muchos más detalles al respecto. Se suponía hasta ayer que el mayor logro de este gobierno había sido la pacificación casi inmediata del país y la normalización institucional, con la convocatoria de elecciones, ya con fecha para el 3 de mayo, como buen ejemplo de lo posible. De repente, ver a militares haciendo ejercicios, danzas y cargando fusiles de guerra por la Pérez o por la Froilán Tejerina contradice estos “logros”.

Posiblemente, la medida se había decidido mucho antes del último domingo, pero los deslices verbales de Evo Morales, con sus milicias a la venezolana, le han venido de perlas al Gobierno para justificar una medida que es a todas luces inconstitucional.

Resulta cuando menos cínico pensar que el mismo MAS que no pudo movilizar sus bases – salvo los hechos aislados de Senkata y Sacaba – cuando tenía todo el poder del Estado, podría ahora armar una rebelión relámpago para desestabilizar el país

El texto de la carta magna contempla que las Fuerzas Armadas puedan realizar tareas de seguridad interna sólo cuando la Policía se haya visto rebasada, y por lo tanto, sea la misma Policía quien lo solicite. De eso se habló y mucho entre el 20 de octubre y el 10 de noviembre. Ni siquiera después del motín policial del 8 de noviembre los militares asumieron ese control los militares salieron a las calles. El 11 de noviembre en la mañana se activó el plan Sebastián Pagador, para resguardar infraestructuras básicas, y en la noche se aprobaron los operativos conjuntos luego de más de 24 horas de vacío de poder y terror.

El Gobierno instaló la idea de que las movilizaciones anunciadas por Andrónico Rodríguez para la víspera del 22 de enero, unido a los intentos de desconocer la extensión de mandatos, era algo así como el llamado a un alzamiento armado violento y sedicioso. Lo cierto es que Andrónico Rodríguez apenas tiene reconocimiento de sus federaciones cocaleras – más allá del coyuntural que le brindan las departamentales ante la incomparecencia de otros liderazgos –, y que los asambleístas del MAS han “optado” por la vía institucional y la resolución democrática de la crisis política, además, en los tiempos que marca el nuevo Gobierno.

Resulta cuando menos cínico pensar que el mismo MAS que no pudo movilizar sus bases – salvo los hechos aislados de Senkata y Sacaba – cuando tenía todo el poder del Estado, podría ahora armar una rebelión relámpago para desestabilizar el país. Resulta irracional que el Gobierno de Transición que condecora a la Policía amotinada, no confíe en que esta pueda cumplir con su rol constitucional ahora, que es la de salvaguardar el orden público.

¿Qué se busca entonces con la militarización del país? ¿Cuál es el mensaje que se manda al ciudadano promedio? ¿Cuál es la intención final de este Gobierno de Transición con esta medida?

La inmensa mayoría de los bolivianos piensa ya en una salida democrática y sólo unos pocos siguen fantaseando con milicias y alzamientos armados. No es tiempo de experimentos, sino de que cada cual cumpla con su rol institucional. Es tiempo para la paz y para la democracia.