Cayó Evo, ¿cae el caso Rózsa?

En marzo de 2013, la senadora Carmen Eva González dio a conocer un revelador audio en el que se oye decir a Marcelo Soza, entonces “fiscal estrella” del llamado caso Terrorismo, “si se cae este caso, se cae el Evo”. No era para menos. En el audio, que dura alrededor de veinte minutos, Soza señala con nombre y apellido a los principales responsables no solo del que insisto en llamar caso Rózsa, sino también de la red de extorsión montada en torno al mismo, desde el Ministerio de Gobierno. Los nombres de Morales, Álvaro y Raúl García Linera, Wilfredo Chávez, Nardy Suxo, Juan Ramón Quintana, Sacha Llorenti y de los abogados del Ministerio de Gobierno, Boris Villegas y Dennis Rivero, entre muchos otros, son citados por Soza como protagonistas de una trama perversa.

El propio Soza se encargó de confirmar la autenticidad del audio. En declaraciones hechas en octubre de 2014 a la prensa de Brasil, donde se refugió huyendo de una sentencia de 12 años de cárcel por extorsión a las familias Marinkovic y Melgar, Soza reconoció que era su voz y que la grabación del audio había sido hecha por Julkar Gabriel Zeballos, uno de los investigadores del Ministerio de Gobierno que trabajó con él en el caso Terrorismo I. Pero ni el caso ni Morales cayeron entonces, pese a las numerosas evidencias acumuladas que apuntaban a un burdo montaje por el Ejecutivo. Desde el estallido del caso en abril de 2009, tras el asalto de la Utarc al hotel Las Américas en Santa Cruz de la Sierra y la ejecución de Eduardo Rózsa, Arpad Magiarosy y Martin Dwyer, hasta el audio de Soza en 2013, abundaron testimonios y pruebas del montaje.

Sin embargo, nada cambió el curso de la farsa. El control político que ejercía Morales y su cúpula sobre la Policía, el Ministerio Público y el Poder Judicial imposibilitó durante 10 años frenar el montaje. Es más: el control era tan férreo, que ni siquiera fue posible parar violaciones flagrantes a los derechos humanos de los imputados, 39 al inicio del caso, y en especial las sufridas por Zvonko Matkovic Ribera, Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza. El primero mantenido en la cárcel 8 años y los últimos dos, diez años. Matkovic logró salir con medidas sustitutivas el año pasado, por motivo de salud. Guedes y Mendoza acaban de lograr su libertad condicional hace solo algunos días, y únicamente gracias a que antes de que caiga el caso, cayó Morales. Raro, ¿no? Digo, que no hayan caído ambos a la vez.

Si en 2013 Soza dijo que si se caía el caso Rózsa, caía Evo, ¿por qué ahora que cayó Evo no cae el caso Rózsa? Una pregunta que no me da sosiego desde hace una semana, más aún al saber que el actual ministro de Gobierno, Arturo Murillo, tiene en despacho un pedido formal de 15 de los procesados que continúan en juicio, para que desista de la acusación particular y de figurar como querellante en el caso. No se trata de un favorcito de fin de año, ni de algo que esté fuera de la ley o que pudiera complicarlo. Todo lo contrario: de persistir esta gestión ministerial como acusador y querellante en un caso denunciado y admitido ya por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, corre el riesgo de ser incluido en la larga lista de nombres de exautoridades y exfuncionarios acusados de varios delitos cometidos en contra de 39 familias cruceñas y benianas.

Hay que aclarar un par de aspectos: el caso Rózsa carece de todo sustento jurídico, como bien se ha encargado de señalar el abogado Gary Prado Araúz. Primero, porque el único fiscal que firma la acusación por parte del Ministerio Público es Soza, denunciado por el mismo Ministerio Público, sentenciado y prófugo de la justicia; y segundo, porque no hay razón que justifique la querella del Ministerio de Gobierno.

Es posible que el nuevo titular esté con demasiado trabajo para ver casos particulares, pero en cinco días comienzan las vacaciones judiciales. ¿Tendrá que prolongarse por un mes más el vía crucis de 39 familias que hace una década no saben qué es celebrar Navidad y Año Nuevo en libertad?