Cataluña cree inadmisibles acusaciones a separatistas
Las principales autoridades de Cataluña tildaron de injustificables los delitos de rebelión y sedición atribuidos a los líderes encausados por su papel en el fallido intento de secesión de esa región del noreste de España. La Fiscalía española solicitó este viernes penas de hasta 25...
Las principales autoridades de Cataluña tildaron de injustificables los delitos de rebelión y sedición atribuidos a los líderes encausados por su papel en el fallido intento de secesión de esa región del noreste de España.
La Fiscalía española solicitó este viernes penas de hasta 25 años de prisión por el delito de rebelión para los políticos implicados en el desafío independentista.
Una postura que choca con la sostenida por la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, que pidió sanciones máximas de 12 años ligadas a otra falta menor, la de sedición.
El presidente de Cataluña, Quim Torra, criticó ayer al Ministerio Público y a la Abogacía por sus escritos de acusación contra los dirigentes soberanistas procesados, y acusó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de ser ‘cómplice de la represión’.
En una declaración junto al titular del Parlamento catalán, Roger Torrent, el mandatario regional descartó que el escrito de acusación de la Abogacía del Estado constituya un ‘gesto’ hacia el separatismo y aseguró que las penas solicitadas en ambos casos son ‘inaceptables’.
‘El Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Cataluña y devolverlo a la política, que es donde debe estar’, afirmó Torra en una comparecencia institucional en Barcelona.
‘Sánchez ha decido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice de la represión’, remarcó el gobernante de la rica comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes, que el 27 de octubre de 2017 aprobó una declaración unilateral de independencia, ilegalizada por Madrid.
Aseguró que la Fiscalía criminaliza a los más de dos millones de personas que el 1 de octubre del año pasado defendieron la democracia ‘a base de golpes en sus cuerpos’, en alusión a las cargas policiales contra los votantes en el referendo de autodeterminación.
Para Torrent, con sus peticiones de penas contra los políticos secesionistas el Ministerio Público ‘no actúa con un anhelo de justicia, sino de venganza’.
A juicio del presidente de la cámara autonómica, en este proceso no se persiguen personas, sino ideas.
La Fiscalía española solicitó este viernes penas de hasta 25 años de prisión por el delito de rebelión para los políticos implicados en el desafío independentista.
Una postura que choca con la sostenida por la Abogacía del Estado, dependiente del Gobierno, que pidió sanciones máximas de 12 años ligadas a otra falta menor, la de sedición.
El presidente de Cataluña, Quim Torra, criticó ayer al Ministerio Público y a la Abogacía por sus escritos de acusación contra los dirigentes soberanistas procesados, y acusó al jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez, de ser ‘cómplice de la represión’.
En una declaración junto al titular del Parlamento catalán, Roger Torrent, el mandatario regional descartó que el escrito de acusación de la Abogacía del Estado constituya un ‘gesto’ hacia el separatismo y aseguró que las penas solicitadas en ambos casos son ‘inaceptables’.
‘El Gobierno ha perdido una oportunidad de oro para sacar de los tribunales el conflicto que se vive en Cataluña y devolverlo a la política, que es donde debe estar’, afirmó Torra en una comparecencia institucional en Barcelona.
‘Sánchez ha decido no actuar, que es lo mismo que ser cómplice de la represión’, remarcó el gobernante de la rica comunidad autónoma de 7,5 millones de habitantes, que el 27 de octubre de 2017 aprobó una declaración unilateral de independencia, ilegalizada por Madrid.
Aseguró que la Fiscalía criminaliza a los más de dos millones de personas que el 1 de octubre del año pasado defendieron la democracia ‘a base de golpes en sus cuerpos’, en alusión a las cargas policiales contra los votantes en el referendo de autodeterminación.
Para Torrent, con sus peticiones de penas contra los políticos secesionistas el Ministerio Público ‘no actúa con un anhelo de justicia, sino de venganza’.
A juicio del presidente de la cámara autonómica, en este proceso no se persiguen personas, sino ideas.