Caso terrorismo: el Gobierno se entrampa en su propia ley

La etapa de alegatos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó a su recta final, sin una salida alternativa para evitar juicio al Estado boliviano por ejecución extrajudicial en el caso terrorismo, porque el gobierno de Evo Morales se entrampó en su propia ley que le impide conciliar, informó Gianni Prado, abogado defensor del coprocesado el húngaro Mario Tádic.

“La Comisión puede abrir la conciliación donde se pueda cerrar el caso y podría evitarse el juicio, pero la Ley de Arbitraje y Conciliación boliviana establece el Estado puede conciliar todo menos temas de seguridad. La misma ley que ha sacado le prohíbe conciliar lo que también es una agravante y un mal antecedente, porque el espíritu de la CIDH es siempre de conciliación a partir del reconocimiento, reparación y satisfacción que pueda dar el Estado”, dijo a Erbol.

Explicó que en América Latina hay varios ejemplos en que los estados, como Perú, se allanaron a encontrar una solución amistosa en el caso de Sendero Luminoso y MRTA, o la masacre en Colombia por ejecución extrajudicial.

Mientras estaba detenido preventivamente en Santa Cruz, Tádic llevó su caso ante la CIDH que el 24 de febrero de 2018 admitió el “derecho de petición” presentado por su abogado Prado y la señora Carolina Dwyer, madre del irlandés Michael Dwayer quien murió junto húngaro boliviano Eduardo Rósza y el rumano Árpád Magyarosi, durante el operativo policial del 16 de abril de 2009, contra un supuesto grupo armado alojado en el hotel Las Américas de Santa Cruz.

Aunque el informe final recién saldría después de un año, el Estado para atenuar la situación, puede  allanarse, reconocer en parte su responsabilidad por violación a los derechos humanos y mostrar disponibilidad de restituir los derechos violados, entre ellos, otorgar libertad a Alcides Mendoza y Juan Carlos Guedes que llevan 11 años en la cárcel de Palmasola, explicó el abogado.

Precisó que si el Estado boliviano no asume su responsabilidad puede enfrentar un juicio ante la Corte-IDH de donde saldría una sentencia condenatoria emplazando a indemnizar a las personas y a activar internamente investigaciones contra los autores. Si aun así el Estado no investiga, los afectados pueden recurrir a la Corte Penal Internacional de Roma, pero esta vez el juicio ya no iría contra el Estado sino contra la autoridad en particular.

Prado denunció ante la CIDH ejecución extrajudicial, detención indebida, secuestro judicial, precedida de torturas para obtener testimonios y confesiones que serían las violaciones a los derechos humanos.

Tádic (61) estuvo preso cinco años y diez meses de cárcel de Palmasola en Santa Cruz junto al otro húngaro Elód Tóásó (35) y la sentencia condenatoria por alzamiento armado emitido por el Tribunal Primero de Sentencia fue de 5 años, el mínimo que establece el Código Penal.

Tádic y Tóásó son los únicos sobrevivientes del operativo policial y para recuperar su libertad negociaron con la Fiscalía asumiendo culpa de los cargos de alzamiento armado que el gobierno les imputó ante el Tribunal de Sentencia de La Paz que hasta ahora, en 10 años, no logra dictar sentencia.

Dijo que las “observaciones adicionales” al problema de fondo, como se llamaban a los alegatos, ya fueron presentadas por ambas partes y la Comisión podría convertir los indicios en afirmaciones certeras en contra del Estado boliviano, más aun tomando en cuenta que Guedes y Mendoza siguen presos hace 10 años en la cárcel de Palmasola.

Aclaró tanto la denuncia ante la CIDH como la investigación al operativo son cosas distintas y si el gobierno no investiga lo sucedido en el hotel Las Américas, le caerá una responsabilidad internacional tal como señala la abundante jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sentencias sobre violación a los derechos humanos.