Bolivia presenta una “débil” gobernanza de hidrocarburos

Según el Instituto para la Gobernanza de Recursos Naturales (NRGI, por su sigla en inglés), el sector de hidrocarburos de Bolivia logró una calificación de 54 sobre 100 puntos en su índice de Gobernanza de Recursos (RGI), situándose en el puesto 34 de un total de 89 países evaluados, lo que implica una gobernanza “débil” del sector.
La clasificación de puntajes contempla cinco categorías: Bueno (más de 74 puntos sobre 100), Satisfactorio (de 60 a 74 puntos), Débil (de 45 a 59 puntos), Pobre (30 a 44 puntos) y Defectuoso (menos de 30 puntos). Así, la gobernanza de los hidrocarburos en Bolivia está en el medio de las mediciones realizadas por el NRGI, donde destaca particularmente que “su grado de transparencia es limitado”.
El reporte, elaborado con datos de los periodos 2015 y 2016, aclara que Bolivia tiene un desempeño “satisfactorio en varias áreas de la cadena de decisiones del sector extractivo, pero el proceso de concesiones de la empresa estatal, la información y las reglas fiscales en los procesos presupuestarios significan un riesgo de pérdida de valor”.

El índice y sus componentes
El índice de Gobernanza de Recursos (RGI) evalúa la gobernanza del sector hidrocarburífero en 81 países considerados ricos en recursos. El puntaje del índice se mide a través de tres componentes. “Dos de ellos miden las características del sector extractivo: la realización del valor y la gestión de los ingresos. El tercero captura el contexto más amplio de la gobernanza: el ambiente o entorno propicio del sector”.
Estos tres componentes a su vez incluyen 14 subcomponentes, que comprenden 54 indicadores calculados a través de 133 variables y datos externos.

Fortalezas y debilidades
Si se observa los tres componentes del índice por separado, Bolivia tiene un puntaje de 61 sobre 100 en la realización del valor, 51 en la gestión de los ingresos y 49 en la evaluación lo propicio que es el entorno del sector.
Al respecto, el informe de NRGI puntualiza que “Bolivia se desempeña mejor que otros países del índice en el promedio de los componentes de gestión de ingresos y realización del valor”.
Sin embargo, también advierte que su puntaje es “jalado hacia abajo por un ambiente poco propicio, particularmente en el subcomponente del estado de derecho, donde Bolivia está en el puesto 71 de 89 evaluaciones, con un puntaje de reprobación de 21 puntos sobre 100. Bolivia también tiene malos puntajes en la efectividad del gobierno y la calidad regulatoria”.

Nacionalización lo positivo, transparencia y concesiones lo negativo
En su reporte, el NGRI reconoce que “la introducción de nuevos impuestos y la mayor participación del gobierno en el sector a través de la estatal YPFB ayudaron a incrementar los ingresos del sector de hidrocarburos”. Este aspecto es responsable del elevado puntaje particularmente en el componente la realización de valor del índice.
En contraste, el índice apunta que los mecanismos de concesiones petroleras son uno de los eslabones “más débiles en la cadena de decisiones del sector de gas y petróleo en Bolivia”.
La Constitución Política del Estado otorga a YPFB la autoridad exclusiva para realizar actividades de exploración y explotación, para lo cual puede firmar contratos de servicio con empresas para que realicen estas actividades a cambio de una retribución o pago por estos servicios. Por tanto, YPFB está a cargo de los procesos de licitación o de negociación directa.
Sin embargo, afirma el NRGI, “aunque se definen criterios técnicos y financieros mínimos a través de una resolución ministerial, YPFB no publica información sobre los procesos de negociación en su sitio web. El gobierno publicó varios contratos petroleros en 2006 pero después retiró muchos de ellos. Los propietarios beneficiarios de las empresas petroleras no son revelados, pese a que Bolivia tiene un sistema efectivo para revelar los bienes, ingresos y participación de los oficiales en las empresas”.

Mejorar transparencia de extractivas
En una nota de reflexión conjunta, el director del NRGI, Daniel Kaufmann, el director del Secretariado Internacional de la Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI), Mark Robinson, y el Especialista Senior BID, Juan Cruz Vieyra, enfatizan que la transparencia de las industrias extractivas “es clave” para no desaprovechar el valor de las reservas de combustibles fósiles que equivale a casi 4 veces el PIB de toda la región, “suficiente para pagar la deuda externa regional casi diez veces”.
Para ello, recomiendan entre otras cosas que los países implementen los estándares de transparencia de la EITI, que implica la difusión de información a lo largo de la cadena de valor del sector extractivo, desde permisos y licencias hasta el uso de los recursos cuando entran a la caja del gobierno. Para la versión 2019, el estándar EITI incorporará también compromisos relacionados con la divulgación de contratos, pagos e información sobre monitoreo ambiental y equidad de género.
Asimismo, ven como “esencial identificar a los verdaderos beneficiarios de las empresas, así como los detalles de todos los implicados en un contrato -desde subcontratistas a comerciantes de productos básicos”, y avanzar en marcos de transparencia e integridad aplicables a las empresas estatales, aprovechando la tecnología como herramienta, como en el caso de la plataforma Mapa Regalías de Colombia, que permite a los ciudadanos visualizar el origen y destino de los fondos obtenidos por la explotación de los recursos naturales.