Banca privada, ¿gran ganadora con las inversiones de AFPs?
Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) dan cuenta que más del 65% de los ahorros jubilatorios están “invertidos” en el sector financiero privado: el 57,29% en el sector financiero bancario y el 7,76% en el financiero no bancario (desde aseguradoras...
Datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS) dan cuenta que más del 65% de los ahorros jubilatorios están “invertidos” en el sector financiero privado: el 57,29% en el sector financiero bancario y el 7,76% en el financiero no bancario (desde aseguradoras hasta fondos de inversión). Luego, estas entidades prestan esos fondos a tasas elevadas logrando importantes ganancias, advierte un especialista.
Según la APS, los fondos del ahorro jubilatorio en Bolivia, al 31 de marzo de 2019, superaron la histórica cifra de 17.654 millones de dólares, y más del doble que las Reservas Internacionales (RIN) que están por debajo de los 8.200 millones. Si se descuentan los recursos de alta liquidez (más de 296 millones de dólares), lo que efectivamente constituye el “aporte de la reforma de pensiones a la economía boliviana” en palabras de la APS, supera los 17.358 millones de dólares.
Es el 65% de este último monto el que está “invertido” en el sector financiero privado, es decir, cerca de 11.283 millones de dólares, o más de 78.500 millones de bolivianos. Este monto se acerca al total de los depósitos a plazo fijo (DPFs) reportados por las entidades de intermediación financiera que, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a mayo de 2019, ascienden a 90.457 millones de bolivianos.
Los DPFs constituyen los principales depósitos en los bancos privados, seguidos por los ahorros (66.654 millones de bolivianos), depósitos a la vista (40.824 millones de bolivianos) y otros (4.404 millones de bolivianos. En total, los depósitos en las entidades de intermediación financiera suman 215.864 millones de bolivianos.
“Gran negocio” con el ahorro jubilatorio
Según el economista e investigador Gustavo Rodríguez Cáceres, los 11.283 millones de dólares de las jubilaciones que las entidades financieras reciben en su conjunto, fundamentalmente en calidad de DPFs, pagan una tasa de interés menor al 3% anual.
“Sin embargo, presta ese dinero a tasas de 5% y 6% para vivienda social, entre 11% y 16% para créditos productivos, y arriba del 20% para créditos de consumo y tarjetas. Es decir, están haciendo un gran negocio con el dinero de los asegurados al Sistema de Pensiones”, afirma.
Así, mientras la gran banca privada y otros intermediarios financieros privados lucran prestándose a bajos intereses de las APFs y prestando a empresas a intereses elevados, son justamente las empresas las más perjudicadas por este esquema.
Los datos de la APS muestran que apenas el 7,72% de los fondos jubilatorios llegan de forma más o menos directa a las empresas privadas bolivianas. El resto fluye a través de bancos y entidades cuyo capital es caro debido a los elevados intereses mencionados por Rodríguez.
Rentabilidad y potenciamiento de empresas bolivianas
La rentabilidad de los fondos jubilatorios está en niveles bajos. A diciembre de 2018, la rentabilidad acumulada de ambas AFPs promedió un magro 1,72%. A marzo de 2019 se tiene una rentabilidad de 2,36%. Es lo reflejado por información publicada por el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros (VPSF) basada en datos de la APS.
Si se ajusta esta rentabilidad al nivel de inflación en Bolivia en las pasadas gestiones, es decir, si se usa la rentabilidad real en vez de la rentabilidad nominal citada anteriormente, la situación es aún menos halagüeña.
A diciembre de 2018, la rentabilidad real de ambas AFPs promediaba un 0,2%. A marzo de 2019 parece haber indicios de una recuperación, ya que ésta subió a 1,25%.
Rentabilidad y potenciamiento de empresas bolivianas
Para el análisis de Rodríguez Cáceres, se necesitaría una Rentabilidad Real alrededor del 10% para mejorar las pensiones y hacerlo de manera sostenible. Para ello, un tema de fondo es quién debe correr el riesgo al buscar mejores rentabilidades: los aportantes o los administradores de los fondos (sean las AFPs o en un futuro la Gestora Pública).
“En la mayoría de los países latinoamericanos existe la Garantía de Rentabilidad Mínima ¿por qué en Bolivia no? ¿por qué los personeros del Viceministerio de Pensiones no generan una política en ese sentido?”, cuestiona.
En efecto, el Corporación de Investigación Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS) de Chile, ha elaborado una recopilación comparativa sobre los instrumentos que garantizan una rentabilidad mínima en distintos países de la región con regímenes de capitalización individual, como la que todavía se mantiene en Bolivia.
El análisis incluye a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todos estos países, excepto Bolivia y Nicaragua, tienen un encaje como porcentaje de los fondos de pensiones, del activo neto administrado y/o del riesgo de los instrumentos o el valor de las inversiones.
Por otra parte, expertos de Bolivia y Perú han advertido que no sólo se debe mirar la rentabilidad de las jubilaciones, sino también la posibilidad de que éstas fortalezcan la economía potenciando las empresas.
“El mecanismo de asignación de recursos a los diferentes sectores productivos de la economía debe ser normado por el Estado, impulsando el mercado de valores, como alternativa al sector bancario, por ser este altamente restrictivo, ya que presta sólo al que ya tiene”, explicaba una fuente consultada. Rentabilidad sí, pero también capitalizando las empresas bolivianas que al final de cuentas son las que generan riqueza y empleos de calidad a largo plazo, afirman.
Según la APS, los fondos del ahorro jubilatorio en Bolivia, al 31 de marzo de 2019, superaron la histórica cifra de 17.654 millones de dólares, y más del doble que las Reservas Internacionales (RIN) que están por debajo de los 8.200 millones. Si se descuentan los recursos de alta liquidez (más de 296 millones de dólares), lo que efectivamente constituye el “aporte de la reforma de pensiones a la economía boliviana” en palabras de la APS, supera los 17.358 millones de dólares.
Es el 65% de este último monto el que está “invertido” en el sector financiero privado, es decir, cerca de 11.283 millones de dólares, o más de 78.500 millones de bolivianos. Este monto se acerca al total de los depósitos a plazo fijo (DPFs) reportados por las entidades de intermediación financiera que, según datos de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI) a mayo de 2019, ascienden a 90.457 millones de bolivianos.
Los DPFs constituyen los principales depósitos en los bancos privados, seguidos por los ahorros (66.654 millones de bolivianos), depósitos a la vista (40.824 millones de bolivianos) y otros (4.404 millones de bolivianos. En total, los depósitos en las entidades de intermediación financiera suman 215.864 millones de bolivianos.
“Gran negocio” con el ahorro jubilatorio
Según el economista e investigador Gustavo Rodríguez Cáceres, los 11.283 millones de dólares de las jubilaciones que las entidades financieras reciben en su conjunto, fundamentalmente en calidad de DPFs, pagan una tasa de interés menor al 3% anual.
“Sin embargo, presta ese dinero a tasas de 5% y 6% para vivienda social, entre 11% y 16% para créditos productivos, y arriba del 20% para créditos de consumo y tarjetas. Es decir, están haciendo un gran negocio con el dinero de los asegurados al Sistema de Pensiones”, afirma.
Así, mientras la gran banca privada y otros intermediarios financieros privados lucran prestándose a bajos intereses de las APFs y prestando a empresas a intereses elevados, son justamente las empresas las más perjudicadas por este esquema.
Los datos de la APS muestran que apenas el 7,72% de los fondos jubilatorios llegan de forma más o menos directa a las empresas privadas bolivianas. El resto fluye a través de bancos y entidades cuyo capital es caro debido a los elevados intereses mencionados por Rodríguez.
Rentabilidad y potenciamiento de empresas bolivianas
La rentabilidad de los fondos jubilatorios está en niveles bajos. A diciembre de 2018, la rentabilidad acumulada de ambas AFPs promedió un magro 1,72%. A marzo de 2019 se tiene una rentabilidad de 2,36%. Es lo reflejado por información publicada por el Viceministerio de Pensiones y Servicios Financieros (VPSF) basada en datos de la APS.
Si se ajusta esta rentabilidad al nivel de inflación en Bolivia en las pasadas gestiones, es decir, si se usa la rentabilidad real en vez de la rentabilidad nominal citada anteriormente, la situación es aún menos halagüeña.
A diciembre de 2018, la rentabilidad real de ambas AFPs promediaba un 0,2%. A marzo de 2019 parece haber indicios de una recuperación, ya que ésta subió a 1,25%.
Rentabilidad y potenciamiento de empresas bolivianas
Para el análisis de Rodríguez Cáceres, se necesitaría una Rentabilidad Real alrededor del 10% para mejorar las pensiones y hacerlo de manera sostenible. Para ello, un tema de fondo es quién debe correr el riesgo al buscar mejores rentabilidades: los aportantes o los administradores de los fondos (sean las AFPs o en un futuro la Gestora Pública).
“En la mayoría de los países latinoamericanos existe la Garantía de Rentabilidad Mínima ¿por qué en Bolivia no? ¿por qué los personeros del Viceministerio de Pensiones no generan una política en ese sentido?”, cuestiona.
En efecto, el Corporación de Investigación Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS) de Chile, ha elaborado una recopilación comparativa sobre los instrumentos que garantizan una rentabilidad mínima en distintos países de la región con regímenes de capitalización individual, como la que todavía se mantiene en Bolivia.
El análisis incluye a Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Uruguay. Todos estos países, excepto Bolivia y Nicaragua, tienen un encaje como porcentaje de los fondos de pensiones, del activo neto administrado y/o del riesgo de los instrumentos o el valor de las inversiones.
Por otra parte, expertos de Bolivia y Perú han advertido que no sólo se debe mirar la rentabilidad de las jubilaciones, sino también la posibilidad de que éstas fortalezcan la economía potenciando las empresas.
“El mecanismo de asignación de recursos a los diferentes sectores productivos de la economía debe ser normado por el Estado, impulsando el mercado de valores, como alternativa al sector bancario, por ser este altamente restrictivo, ya que presta sólo al que ya tiene”, explicaba una fuente consultada. Rentabilidad sí, pero también capitalizando las empresas bolivianas que al final de cuentas son las que generan riqueza y empleos de calidad a largo plazo, afirman.