Asamblea aplaza Ley del 45% y abre debate del Pacto Fiscal

El presidente Guillermo Vega recordó que el SEA niega la competencia de la Asamblea Departamental para  modificar la Ley nacional y secundó la salida del Pacto Fiscal abierta por el asambleísta Lea Plaza

No se puede dialogar bajo presión, ergo, mucho menos legislar. El presidente de la Asamblea Legislativa Departamental Guillermo Vega nunca debió haber iniciado el tratamiento de la Ley de redistribución de regalías departamentales – más conocida como Ley del 45% – sin antes exigir que los promotores levanten las medidas de presión, paro y bloqueo de 48 horas. Nunca debió convocarla, pues en paralelo en el Chaco se anunciaban más medidas y más bloqueos y más denuncias penales.

Sin embargo la sesión empezó a la hora fijada por encima de las recomendaciones legales y del propio informe del Servicio Estatal de Autonomías (SEA) que recuerda que la Asamblea Legislativa Departamental no tiene competencias para modificar una Ley Nacional, como es la 3038, que blinda el pacto fiscal departamental para el reparto de regalías, que otorga desde 2005 el 45% al Chaco, hasta entonces una de las provincias con peores índices de desarrollo pese a su riqueza e historia.

Suspensión de sesión, incertidumbre en medidas

La sesión se suspendió pasadas las 22.00 horas, cuando los asambleístas que responden al Gobernador: Daniel Carvajal, María Elena Méndez, Bicher Ordoñez y Mariyet Jaramillo abandonaron el hemiciclo. Antes ya se habían marchado asambleístas de uno y otro lado, y otros no habían aparecido, como Wilman Cardozo, cuya decisión fue muy comentada en el Chaco. La Directiva organizará el calendario en los próximos días.

Por otro lado, los movilizados de Bermejo, Padcaya y Entre Ríos anunciaron sobre las 21.00 que retornarían a sus municipios para redoblar las medidas de presión; sin embargo se espera una determinación a nivel colectivo que fije la estrategia a seguir.

Con el transcurrir de los minutos, y las horas, los nervios se fueron apoderando de la Directiva de la Asamblea, quienes al final pueden acabar pagando los platos rotos de las “resoluciones contrarias a la Ley” por la vía penal. Pasadas las 20.00 horas el mismo Guillermo Vega, más nervioso de lo habitual, compareció ante la prensa para reconocer que no había la competencia para afrontar el desafío legislativo al que los promotores de la ley y las autoridades nacionales les habían empujado. Vega habló del informe del SEA, que tiene casi un año, habló de la no competencia y habló de un comisión mixta para dialogar, un clásico, pero apropiado.

Todos los asambleístas, incluidos los ponentes de la Ley, eran conscientes de esta situación; también las autoridades departamentales y regionales; también las autoridades del Movimiento Al Socialismo que han asistido a esta lucha fratricida entre tarijeños y autoridades del mismo color político sin buscar una puerta de salida. Política. Y tuvo que ser el asambleísta Mauricio Lea Plaza quien encauzó un debate con otra ley, la del Proceso para el Pacto Fiscal, que sobre todo permitirá ganar tiempo, sanar heridas, tomar perspectiva y poner por delante las necesidades del departamento antes que las de las autoridades. El propio Vega reconocía que no se puede vaciar la Gobernación de recursos en tanto que el desarrollo departamental se debe vertebrar desde ahí, y no desde cada municipio productor, por mucha relevancia que haya que darles.

A detalle

La Ley que promovían los municipios productores de Bermejo, Entre Ríos y Padcaya, se fundamenta en un concepto de regalías municipales, distinto al constitucionalizado, por el que se reconocería el derecho a un 45 por ciento de la renta sobre la producción propia. Por las cosas de la política, se incluyó un porcentaje del 15 por ciento a repartir entre los municipios y provincias no productoras y una parte marginal para el Gobierno Departamental, que ya carga con un descuento del 8 por ciento por una Ley de similar características: el reparto de recursos por autoridades sin atender a criterios de priorización.

Discusión

La regalía es departamental de acuerdo a la definición de la Constitución Política del Estado, y su reparto depende del acuerdo interno

Por el contrario, la ley de proceso para el Pacto Fiscal establece los órganos de coordinación, los tiempos del debate, entrega toda la responsabilidad al Gobernador, pero sobre todo, fija los principios del debate: “1.Garantizar las conquistas y atender las demandas territoriales y sectoriales en materia de distribución de los recursos departamentales. 2. Consolidar un sistema equilibrado, equitativo, justo, sostenible y ordenado de distribución, asignación y uso de los recursos departamentales. 3. Optimizar el destino de los recursos públicos departamentales, en el marco de las competencias transferidas en la CPE al Gobierno Autónomo Departamental. 4. Garantizar la ejecución de políticas, programas y proyectos estratégicos de naturaleza departamental, en base a una visión compartida de desarrollo”. Concretamente, lo que unos y otros querían oír.

Unos y otros reconocen que el debate no será fácil, pero en mitad de una campaña electoral larguísima como la actual, pues la ley establece cuatro meses de plazo para recoger propuestas y elaborar un documento de Ley consensuado. Misión casi imposible pero que pondrá a prueba las habilidades negociadoras de Waldemar Peralta, Rubén Ardaya y el propio Gobernador Adrián Oliva para cerrar una herida que amenazaba a la propia integridad departamental.

 

 

 


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