Áreas protegidas: Brecha entre costos y financiamiento

“Los gobiernos de América Latina y el Caribe asignan solo el 1% de los presupuestos ambientales nacionales a las áreas protegidas, lo que equivale a un promedio de apenas 1,18 dólares por hectárea”, advierte Josué Ávila Murillo, especialista ambiental del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
Mientras tanto, el crecimiento económico de la región ha sido “exponencial” en la última década, pero éste continúa siendo fuertemente dependiente de los recursos naturales.
En este sentido, pese a que durante las últimas dos décadas Latinoamérica ha estado a la vanguardia de la conservación de la biodiversidad mundial -con un 20% del territorio de la región dedicado a este fin-, los presupuestos actuales “no están manteniendo el ritmo de las necesidades crecientes, y es poco probable que la cooperación internacional cierre esa brecha”, advierte por su parte un reciente informe del Banco Mundial.
El BID reconoce que varios países de la región están avanzando satisfactoriamente en la cobertura de áreas protegidas acordada para el año 2020 (meta Aichi 11 de la Convención Internacional sobre Diversidad Biológica: 17% de las áreas terrestres y aguas continentales, y el 10% de las áreas costeras y marinas conservados a través de sistemas de áreas protegidas y otras medidas efectivas de conservación).
Pero Ávila advierte que la efectividad y equidad en el manejo de éstas, junto con la brecha presupuestaria, son los principales retos para su cumplimiento total.

El presupuesto
Según una autoevaluación de 18 países para el año 2008, se asignaron alrededor de 382 millones de dólares a las áreas protegidas existentes. De ese total, Brasil y México representan 214 millones de dólares, en proporción con el tamaño de sus sistemas de áreas protegidas.
Sin embargo, el informe del Banco Mundial advierte que esta cifra representa apenas el 54% de los costos básicos de manejo, o sea de lo que se necesita para financiar la operación básica de los programas principales de conservación para sostener las funciones de los ecosistemas.
“Para un manejo óptimo, definido como financiamiento para todos los programas requeridos para alcanzar y sostener las funciones óptimas de los ecosistemas, los recurso requeridos alcanzan los 1.083 millones de dólares”, agrega el documento.
Esto significa que se requieren al menos 701 millones de dólares adicionales, o sea duplicar lo que se reportó como financiamiento el año 2008.

Las brechas
Claramente México y Brasil gastan la mayor parte del presupuesto y tienen también las mayores brechas. Por ejemplo, Brasil tendría que aumentar 169,2 millones de dólares para cubrir las necesidades básicas de sus programas de conservación, y alcanzar los 338,3 millones para un funcionamiento óptimo.
México necesita aumentar más de 40 millones de dólares para las necesidades básicas, y 80,2 millones para el óptimo.
Por su parte, Bolivia tiene áreas protegidas de menores dimensiones que estos países, pero también tiene brechas de financiamiento.
El financiamiento actual para las áreas protegidas bolivianas es de 5,1 millones de dólares, según el Banco Mundial. Pero para cubrir las necesidades básicas de sus programas de conservación necesita subir a al menos 5,4 millones, y llegar a los 9 millones si quiere un funcionamiento óptimo.
Esto significa una brecha de 0,3 millones para el funcionamiento básico y 3,9 millones para el óptimo.

¿Cómo financiar?
Los gobiernos de países en vías de desarrollo, especialmente aquellos de orientación “progresista” en la región han criticado los mecanismos de financiación promovidos por organismos internacionales como el BID y el Banco Mundial, como los pagos por servicios ambientales, la iniciativa REDD, los fondos fiduciarios, etc.
La crítica está fundamentada en lo que se llama “deuda ecológica”. Los expertos Nicola Scherer, Alfons Pérez y Davide Panadori, del Observatorio de la Deuda en la Globalización, explican que la deuda ecológica “es la deuda contraída por los países del Norte Global con principalmente países del Sur Global debido a la extracción histórica y actual de sus recursos naturales, los impactos ambientales externalizados y el libre uso del espacio ambiental global para depositar sus residuos”.
Según estos autores, existen diferentes categorías de deuda ecológica: deuda de carbono, biopiratería, pasivos ambientales, exportación de desechos tóxicos y sustitución de cultivos para la exportación. El término de deuda ecológica surgió en América Latina como respuesta a las propuestas institucionales de la Cumbre de la Tierra en Río de Janeiro en 1992, donde se propuso un “canje de deuda por naturaleza”.
En ese marco, los gobiernos progresistas exigen que los países desarrollados aporten unilateralmente mayores recursos, algo difícil de cumplir ya que depende enteramente de la voluntad política de esos países.
De cualquier manera, el propio Banco Mundial sugiere buscar acuerdos y arreglos institucionales para la conservación, e incluir la conservación de la biodiversidad en políticas y programas sectoriales incorporando medidas especiales y programas específicos. “Las políticas incluyen regulaciones de uso del suelo y planificación territorial sensibles a la biodiversidad”, explica su informe.
En Bolivia hay algunos municipios que están implementando este tipo de medidas a nivel local, con el apoyo de ONGs especializadas y de larga trayectoria, aunque no son iniciativas que se coordinan ni reciben apoyo coordinado y sostenido desde el nivel central.


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