América Latina rearma su estrategia contra los feminicidios

Varias iniciativas buscan reforzar el combate contra los feminicidios en América Latina, una región dónde pese a la creciente movilización popular y a ser pionera en la legislación contra ese crimen de género, todavía se registran los peores índices del mundo de este genocidio silencioso, destaca ONU Mujeres.

“La normalización de la violencia contra las mujeres y las niñas, la falta de servicios integrales y de calidad que identifiquen patrones de violencia que podrían terminar en feminicidio, la carencia de datos y las investigaciones sin perspectiva de género, son comunes a todos los países”, sintetizó la situación latinoamericana la directora regional de ONU Mujeres, Luiza Carvalho, en una entrevista exclusiva con IPS.

“Poner fin a la impunidad es fundamental. Hay países en la región donde la impunidad al feminicidio alcanza hasta 95 por ciento de todos los casos”, alertó Carvalho desde su sede en Ciudad de Panamá.

“También debemos poner un gran énfasis en la prevención porque, aunque metamos en la cárcel a todos los agresores, si no cambiamos las causas estructurales, las actitudes y las percepciones que originan la violencia contra las mujeres, nunca vamos a terminar con ella”: Luiza Carvalho.

Una de las nuevas estrategias es la Iniciativa Spotlight, impulsada por la Unión Europea y las Naciones Unidas para la eliminación del feminicidio. De una inversión inicial de 500 millones de euros (562 millones de dólares), 55 millones serán destinados a América Latina.

Spotlight aborda el fenómeno de los asesinatos por razones de género en forma integral mediante seis pilares: la normativa por la igualdad de género, el fortalecimiento institucional, la prevención primaria, los servicios de calidad, la recolección de datos y el fortalecimiento del movimiento de mujeres.

La campaña que se lanzó en Argentina, el 21 de marzo incluye también a El Salvador, México, Guatemala y Honduras, que fue el primer país donde se lanzó a nivel mundial.

La selección de esos países, explicó Carvalho, responde a factores como la tasa de prevalencia del feminicidio, el compromiso de sus autoridades de implementar leyes y políticas nacionales para mejorar la situación de las víctimas, y  el dinamismo de los movimientos de la sociedad civil.

En el caso de Argentina, “el movimiento #NiUnaMenos puso la atención sobre este fenómeno como una situación inadmisible, demostrando que tiene mucho que enseñarle a la región y al mundo”, destacó la alta funcionaria de nacionalidad brasileña, sobre la toma de las calles contra los feminicidios que se ha extendido por otros países de la región.

Desde 1994, la región cuenta con la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, adoptada en la ciudad brasileña de Belém do Pará, Brasil, que formalizó la definición de la violencia contra las mujeres como una violación de sus derechos humanos.

Ese instrumento internacional suscrito por 32 países estableció por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de las mujeres en la lucha para eliminar la violencia contra su integridad física, sexual y psicológica, tanto en el ámbito público como privado.
En  2013 se incluyó dentro de ella la figura penal del feminicidio/femicidio.
Según Carvalho con esa Convención,  la región se convirtió en “pionera a nivel global en materia de legislación de violencia contra mujeres”.

El feminicidio está integrado al Código Penal en 12  países (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Perú y República Dominicana y Uruguay). Otros seis lo tipifican en leyes ajenas a esos códigos (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Paraguay y Venezuela).

Además, los 32 países participantes en la Convención tienen leyes que protegen los derechos de las mujeres y niñas que experimentan violencia doméstica o intrafamiliar.ra
Para avanzar en esos logros, el 15 de marzo, en Washington, ONU Mujeres, la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belem do Pará (Mesecvi), lanzaron oficialmente una Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Muerte Violenta de Mujeres y Niñas.
También presentaron un Análisis de Legislación sobre Femicidio/Femicidio en América Latina y el Caribe e Insumos para una Ley Modelo sobre ese tipo de homicidio machista.

La ley modelo “busca servir de base para crear o actualizar la legislación sobre muerte violenta de mujeres en la región, así como fortalecer las acciones de prevención, protección, atención, investigación, persecución, sanción y reparación integral”, explicó Carvalho.
Un estudio de Small Arms Survey arroja que en América Latina están 14 de los 25 países con mayores tasas de feminicidios en el mundo por cada 100.000 mujeres, en un listado que encabezan El Salvador, Honduras y Guatemala.

Carvalho lo atribuyó a la inexistencia de medidas integrales  “lo que provoca una brecha entre los derechos formales y el acceso efectivo a la justicia de las mujeres”.
“La convención de Pará fue clara en señalar que se necesita una mirada integral de la violencia contra las mujeres, es decir, además de penalizarla, los Estados deben desarrollar acciones de prevención, protección, investigación y reparación, tanto para las familias de las víctimas como para las sobrevivientes”, recordó.

Pero, criticó, “los Estados no manejan cifras de reparación, de mujeres desaparecidas, de datos genéticos que permitan la ubicación de las víctimas ni otros mecanismos que permitan garantizar sus derechos”.

“Necesitamos estadísticas comparables para analizar y comparar entre países lo que funciona y lo que no para erradicar el femicidio. Cuando disponemos de mejores estadísticas podemos ver los patrones y la gravedad de la situación y formular políticas bien fundamentadas”, puntualizó.

Las protestas contra la violencia machista han pasado a tomar las calles de América Latina en las más diversas ocasiones, incluidos los desfiles populares del carnaval en Brasil. En esta comparsa de “Las carmelitas de Santa Teresa”, un barrio tradicional de Río de Janeiro, un grupo representó este año críticamente a los feminicidios.

Además según la directora regional de ONU Mujeres en los códigos penales de la región persiste un  “androcentrismo”, que se traduce “en un contexto normativo adverso para la adecuada tipificación de los tipos penales que sancionen las formas específicas de violencia hacia las mujeres”.

Un problema que se agrava, indicó,  por “una doctrina penal que no ha integrado la perspectiva de género y opone resistencias”.
“Cuando las mujeres son asesinadas, estos casos deben investigarse de inmediato con la presunción de que el caso es un femicidio, como en México. Los casos deben investigarse adecuadamente sin estereotipos y prejuicios de género, y deben hacerse reparaciones”,  exhortó Carvalho.

Según el Mesecvi, los Estados Parte destinan menos de uno por ciento de sus presupuestos totales a las acciones de lucha contra la violencia de género.
“Las leyes integrales necesitan de presupuestos para poder ser implementadas”, señaló Carvalho.

“También debemos poner un gran énfasis en la prevención porque, aunque metamos en la cárcel a todos los agresores, si no cambiamos las causas estructurales, las actitudes y las percepciones que originan la violencia contra las mujeres, nunca vamos a terminar con ella”, continuó.

Para Carvalho, “a pesar de algunos cambios prometedores, encabezados por los jóvenes de la región, la tolerancia social de la violencia contra las mujeres y las niñas se mantiene, y se necesita una modificación de las normas sociales para abordar las masculinidades dañiñas”.
La experta citó el ejemplo de Colombia, que en 2015 aprobó una ley que involucra al sector educativo en actividades de prevención.

“Entender que el femicidio es el acto último en una cadena de actos de violencia contra las mujeres, significa entender que el sector sanitario, los servicios sociales, la policía y el sistema judicial deben trabajar juntos”, opinó.

En esa dirección mencionó proyectos “exitosos” como uno Uruguay que integró los tribunales, la policía y el Instituto Nacional de Mujeres.
En una situación de riesgo un juez puede ordenar al agresor que use bandas electrónicas conectadas a un dispositivo que la mujer en riesgo lleva consigo. Si el agresor se acerca a ella, el dispositivo alerta automáticamente a la policía. Durante el programa ambos reciben también apoyo psicológico.

“Hasta ahora ninguna de las mujeres que forma parte de ese programa ha sido asesinada”, subrayó Carvalho esperanzada.

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