Alcaldías y corrupción

El municipio de Cochabamba está pasando por una peligrosa crisis de institucionalidad, a partir de la repentina detención y enjuiciamiento del alcalde Leyes, sin que hasta ahora se le haya podido nombrar un sustituto, ni se pueda saber qué va a pasar. La reacción social ha sido intensa, lo que ha llevado a concentraciones, enfrentamientos y un nivel excesivo de represión.

Personalmente no voy a justificar al alcalde Leyes, que sin duda tiene que tener alguna responsabilidad en la escandalosa adquisición de mochilas chinas. Los datos que hasta ahora se han publicado muestran que sin duda ha habido un manejo corrupto en ese proceso, y es necesario que todo eso se aclare, se investigue y se sancione, caiga quien caiga.

Lo que resulta incomprensible —y lo que está causando malestar en la opinión pública, más allá de militancias partidarias— es el contraste entre la velocidad insólita con que en este caso está funcionando la administración de justicia, y la increíble lentitud con que funcionan otro montón de casos de corrupción municipal —y no municipal— cuyos responsables pertenecen al partido de gobierno. El contraste más llamativo —e indignante— es el que se da en la misma Cochabamba con el proceso al ex alcalde Edwin Castellanos, que aparece responsable del colapso de un puente y al que hasta ahora nadie ha detenido ni ha intentado juzgarlo en serio; peor aún, justo en estos días se supo que el fiscal Vera estuvo maniobrando para que el caso Castellanos no avance hasta que su delito prescriba (por lo demás un delito mucho más grave que el de las mochilas chinas)…

Y de la misma manera podemos preguntarnos por qué otros muchos hechos de corrupción siguen sin tratamiento judicial. Ahí está el tristemente célebre alcalde de Achacachi, y el ex alcalde de Independencia, y el de Chulumani; y otros muchos escándalos que siguen sin aclararse como la corrupción en el Fondo Indígena, y el asalto y quema de la Alcaldía de El Alto, y el tráfico de influencias de Gabriela Zapata. ¿Y por qué esas diferencias? Evidentemente porque en todos los casos que mencionamos los responsables son del MAS, cuando debería ser al contrario, a los y las militantes del MAS habría que exigirles de manera mucho más implacable que no se corrompan.

La corrupción debería considerarse no sólo como delito ético —robo al Estado, y por tanto al pueblo— sino como delito político, pues representa el mecanismo más influyente para la pérdida de prestigio del actual proceso político, que tenía que ser de cambio y que está resultando de continuidad con lo que siempre fue este Estado que padecemos.
Es evidente que, desde el punto de vista institucional, lo que está fallando estrepitosamente es el sistema de Justicia (y no vamos a insistir ahora en el desastre de las elecciones de autoridades judiciales, que es algo ya muy sabido); pero no es lo único. Ahí aparece también la inconsecuencia del instrumento político, que al final se está comportando como siempre se comportaron los partidos políticos, vale decir como instrumentos para el aprovechamiento ilícito de las instancias estatales, en este caso de las alcaldías (me atrevo a afirmar que la mayoría de las alcaldías).

No, compañeros y compañeras del Gobierno (y del MAS), mientras no esté preso el ex alcalde Castellanos (el “Cholango”, gracias a cuya pésima gestión la oposición pudo ganar las últilmas elecciones municipales en Cochabamba), no tiene sentido el precipitado enjuiciamiento y apresamiento del actual alcalde Leyes. Además parece que ustedes no se dan cuenta de que esta forma de proceder lo que provoca es un fortalecimiento de la oposición (con Leyes a la cabeza o con cualquier otro).

Y por cierto no basta que ahora el fiscal Vera se retire (que es lo menos que debería ocurrir), es imprescindible que todos los y las acusados de corrupción sean sometidos a investigación judicial. Sin eso las perspectivas de cambio se segurián agotando, cada vez más rápido. Por favor, hagan algo. ¡Ukamau!