Agricultura es relegada por municipios y gobierno central

En promedio, los gobiernos municipales del área rural destinan apenas el 1,6% de su presupuesto para el fortalecimiento de la agricultura y actividad pecuaria. La situación se replica incluso a nivel del Gobierno central, que asigna sólo el 6% del presupuesto nacional a la agricultura, según datos actualizados de la Fundación Jubileo.

Para la investigadora de la Fundación TIERRA, Martha Irene Mamani, esta es “una situación paradójica en un país donde la actividad agropecuaria sigue siendo importante para el aprovisionamiento de alimentos, generación de empleos rurales y medios de vida para las mayorías del campo”.

Efectivamente, datos del Censo 2012 del INE dan cuenta que el 32% de los bolivianos residen en el área rural. Mamani afirma que “prácticamente todos ellos” se dedican a la agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura, y que “la mayoría son pequeñas unidades agrícolas, que en total representan el 98% de las Unidades Productivas Agropecuarias (UPA) de Bolivia”.

La experta considera que son justamente estas pequeñas unidades agrícolas “las más afectadas por la baja inversión pública”, por lo que se encuentran en situación de “marginalidad, sin programas estatales sostenibles y muchos sin proyectos productivos”.

Más competencias pero sin más recursos
Normas vigentes como la Ley 031, Ley 144 o Ley 2878, establecen que los gobiernos municipales no solo poseen mayores competencias que antes, sino que están obligados a impulsar el desarrollo de la actividad agropecuaria y en el marco de estrategias de desarrollo económico local.

Sin embargo, los datos muestran que esta última obligación no se está cumpliendo adecuadamente. ¿Por qué?

Una de las razones identificadas por Mamani es la insuficiente cantidad de recursos con los que cuentan los municipios, especialmente los rurales: “Cuando uno pregunta a los alcaldes sobre el perfil bajo de los municipios rurales en el desarrollo económico local, casi sin dudar señalan que los recursos que administran son escasos. Si nos fijamos en la distribución de los recursos fiscales podemos darle cierta razón porque el nivel central retiene el 60%, y solo el 22% llega a los municipios”.

Esto se agudiza considerando que los municipios cada vez reciben del nivel central más competencias y obligaciones, como la protección social, educación, salud, agua potable, oportunidades económicas/empleo, entre otros.

La pesada burocracia
Datos de Fundación Jubileo (2018) muestran que los municipios se han convertido en aparatos burocráticos pesados y con gastos de funcionamiento desproporcionados.
En la gestión 2017 se destinó el 73% del presupuesto municipal para gastos de administración y personal, o sea gasto corriente. En el periodo 2012-2018, el promedio de gastos corrientes municipales alcanzó al 65% del presupuesto, de acuerdo con la misma fuente.

Si bien las citadas leyes vigentes establecen techos presupuestarios máximos (25%) para los gastos de administración y funcionamiento, “los alcaldes y municipalistas encontraron resquicios y artificios para burlar lo que dispone la ley”, afirma Mamani.
Con el elevado gasto administrativo “al menos uno esperaría que mejoren la gestión municipal o su capacidad para dar asistencia técnica, implementar proyectos agrícolas o generar iniciativas productivas”, agrega, pero ello no sucede y una evidencia concreta es la “marginalización y crisis de la agricultura campesina e indígena”.

Presupuestos condicionados
Actualmente, “prácticamente todos” los municipios rurales dependen directamente de las transferencias monetarias.
Por ejemplo, deben destinar aproximadamente 15% a la Renta Dignidad, 15% al servicio de salud, 10% para el Seguro Universal Materno-Infantil (SUMI) y 10% para educación. Pero el sector agropecuario no tiene asignado por ley un porcentaje mínimo. Y “si bien abundan en el papel las competencias municipales para el desarrollo agropecuario, no existen fuentes de financiamiento identificadas”.

Es cierto que la Ley Marco de Autonomías de 2010 otorga facultades a los gobiernos municipales para generar recursos propios, por ejemplo, a través del cobro de impuestos.
Sin embargo, considerando que la población rural vive de la agricultura a pequeña escala y en parcelas de tierras “que no alcanza en muchos casos a constituir una pequeña propiedad agrícola”, es difícil y hasta poco pertinente crear un impuesto que confisque parte de los ingresos de la población más vulnerable y pobre.

Normas complicadas
Según Mamani, la complejidad normativa y ausencia de procedimientos provoca una parálisis generalizada en las autoridades municipales. Y aunque La Ley Marco de Autonomías reconoce la potestad municipal para transferir recursos públicos a organizaciones económicas productivas (familias) y territoriales, los procedimientos y reglamentos han estado ausentes hasta el 2017, cuando la Ley del presupuesto general del Estado estableció algunas disposiciones.

En este contexto, “la falta de información sobre transferencias de fondos a los agricultores es un tema recurrente”, y “muchas autoridades prefieren no aventurarse en aguas desconocidas por el temor a ser procesadas”, como lo ocurrido con la Ley Marcelo Quiroga Santa Cruz.

En síntesis, la experta considera que “actualmente los gobiernos locales rurales no están diseñados para implementar proyectos agropecuarios a pesar de que esta es la principal actividad de sus pobladores”, y que la implementación del desarrollo agropecuario campesino e indígena “no se hará realidad bajo estas condiciones”.