A propósito de lo ocurrido en La Haya

Una vez serenados los ánimos por la decisión de la Corte de La Haya, y más allá de considerarlo derrota o “empate” (¿catastrófico?), puede ser saludable analizar el problema de fondo, que tiene que ver con la esencia misma del Estado chileno, y por supuesto con los antecedentes del Estado boliviano…

El Estado chileno se ha caracterizado siempre por su particular dureza, por su estilo abusivo y prepotente (no en vano el lema de su escudo es “Por la razón o la fuerza”), un estado cuya víctima principal es el propio pueblo de Chile: ahí están los indios Mapuches que a estas alturas no están reconocidos por su propio Estado (en Chile no hay indígenas, sólo hay chilenos); ahí están los poetas y cantantes chilenos de gran nivel artístico, y gran compromiso político, que han sido apresados e incluso espectacularmente asesinados (¿recuerdan a Víctor Jara?). Ahí está Salvador Allende, cuya muerte se debe al dictador Pinochet, la más cabal expresión de ese Estado que no está dispuesto a aceptar más socialismo que el del modesto socialdemó¬crata Lagos.

Además, desde el principio de su existencia el Estado chileno, consciente de sus limitados recursos naturales, busca estructurarse con la fuerza necesaria para abusar de los recursos de sus vecinos, y lógicamente la víctima principal fue siempre Bolivia, un Estado cuya razón de ser era la minería y que además fue fundado por un grupo de agentes coloniales tránsfugas (ahí Casimiro Olañeta y compañía) cuya única preocupación era seguir enriqueciéndose, sin la más mínima preocupación por la construcción del nuevo Estado.

De hecho el carácter minero/colonial de nuestro Estado explica el total desinte-rés por la explotación de otros recursos y mucho menos por la industrialización, de ahí también la generosidad de nuestros gobernantes para regalarles territo-rios al Brasil (340 mil Km2) y a la Argentina (160 mil Km2). Explica también la generosi¬dad con que se permite la extracción anglo-chilena de guano y salitre en la costa del Pacífico, y el desinterés por la población del Litoral (el censo de 1875 arroja que de los 6 mil habitantes de Antofagasta sólo 600 eran bolivia¬nos, ¡y 5 mil chilenos!, lo que explica que 4 años más tarde la población de Antofagasta aplaudiera a los invasores de la marina chilena).

Peor aún, ya en 1857 el presidente Linares le cede a Chile la explotación de nitratos en Mejillones; y en 1863 el presidente Achá se calla cuando Chile declara soberanía sobre Atacama; y en 1865 en el puerto boliviano de Cobija se cobra impuestos para el Estado peruano; y en 1866 el gobierno de Bolivia —a cambio de dinero— reconoce la soberanía chilena en el territorio al Sur del Paralelo 24; y en 1875 nos encontramos con que en Caracoles (donde la producción de plata erea más abundante que la producida en Potosí, Oruro y Porco) la mayoría de la población era también chilena.

Y gracias a la investigación que dio lugar a la película Amargo Mar sabemos que el Quinto Ejército de la República en lugar de defender nuestra costa del Pacífico se fue a proteger los yacimientos mineros de Aniceto Arce…

Éste es el problema de fondo, y lo que podría haber hecho la Corte de La Haya nunca podría haber compensado esa histórica desigualdad entre ambos estados. Entonces ¿qué? ¿Sólo nos queda resignarnos? Por supuesto que no.

Por una parte tendríamos que fortalecer el Estado boliviano, ¿lo estamos haciendo? No. Seguimos practicando el peor de los extractivismos (a costa de la Madre Tierra); y seguimos regalando nuestras riquezas minerales (a transnacionales y a pseudo-cooperativas), y le llamamos “inustrialización” a proyectos fantasmas que no acaban de funcionar. Y la sobernía alimentaria disminuye cada mes, y la mayor parte de nuestra población no practica trabajos productivos sino de servicios. Y seguimos creyendo en el barato “desarrollismo” que nos inculcó el presidente norteamericano Truman.

Y por otra parte, frente al lema “Por la razón o la fuerza” podemos aplicar lo que nos cabe de “fuerza”, podemos dejar de utilizar los puertos del Norte chileno (que vive gracias al comercio de Bolivia) y tomarnos en serio los puertos de Ilo y los que por vía fluvial llegan al Atlántico. Ahí tendríamos que concentrarnos, y no en descalificar a la Corte de La Haya. ¿No creen ustedes?