1er trimestre entre sanciones, iliquidez y política económica

Durante estos días coincidieron las noticias de la sanción de EEUU contra el banco Bandes de Venezuela y sus filiales en Uruguay y Bolivia, en este último caso, Prodem, con la de la medida del gobierno boliviano de reducir las cuotas de inversión de instituciones financieras nacionales en el exterior.
En el primer caso, aunque efectivamente no se deberían esperar afectaciones al patrimonio ni a la liquidez de Prodem, algunos analistas han advertido que, sumada a la sanción de EEUU contra Bolivia en noviembre de 2018 (una errática sanción por el supuesto incumplimiento de esfuerzos contra el tráfico de personas), se puede estar sentando las bases para una rebaja de la calificación de riesgo no sólo de Prodem sino incluso del conjunto del sistema financiero nacional y de Bolivia como país.
Cabe señalar, en este punto, que la calificación de riesgo de Bolivia según la Fitch Ratings (la agencia que el Banco Central usa para definir dónde invierte sus propias divisas en el exterior), es de BB-. La calificadora Standard & Poors le da la misma calificación. Y Moody’s (completando la troica de calificadoras anglosajonas), le da Ba3, que es la equivalente a BB-.
Esta calificación es considerada oficialmente como “Non-investment grade speculative” (grado de no inversión especulativo), lo que significa que los bonos bolivianos son “especulativos, de alto rendimiento, inseguros y que son inversiones de baja calidad porque el emisor puede entrar en default”. Si se rebajara la calificación actual, Bolivia sería considerada como “altamente especulativa”.
Por otra parte, la iliquidez que el sistema financiero boliviano viene arrastrando desde hace más de dos años, está intentando ser paliada con medidas implementadas esta semana por el gobierno, que conjuntamente limitan las inversiones de entidades financieras en el exterior, para retornar o evitar la salida de divisas, con lo que se espera inyecten cerca de 500 millones de dólares al sistema en los próximos meses.
Estas medidas parecen acertadas, tanto para mejorar la liquidez como para cumplir un principio soberanista en el uso de los recursos bolivianos para el desarrollo de los bolivianos. Sin embargo, al no haberse diseñado políticas públicas para utilizar el ahorro dentro de Bolivia, se corre el riesgo de que los efectos positivos de estas medidas sean limitados y transitorios.
Recordemos, por ejemplo, que el modelo de contratación de obras públicas favorece a empresas extrajeras, lo que volverá a expulsar el dinero retornado. Lo propio con el doble aguinaldo, que, aunque se ha intentado “nacionalizarlo” con compras en especie de productos bolivianos, tiende a irse a consumo de bienes importados, con el mismo efecto de extranjerización de la liquidez.
Mientras se usen estas medidas a modo de parche, sus efectos pueden en poco tiempo desvanecerse. Lo que urge son políticas estructurales que cambien la forma en que el Estado administra los recursos públicos, y no simplemente dictar lo que los privados deben hacer con los suyos. Predicar con el ejemplo es la mejor forma de llevar a cabo un proceso de cambio.


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