Las bancadas se dividen ante el inminente debate del 45%
La Comisión de Economía Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) decidió oficialmente no tratar el proyecto de ley de redistribución de regalías entre municipios productores al considerar que se trata de una competencia departamental. Con ese antecedente, la Asamblea...
La Comisión de Economía Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia (ALPB) decidió oficialmente no tratar el proyecto de ley de redistribución de regalías entre municipios productores al considerar que se trata de una competencia departamental. Con ese antecedente, la Asamblea Departamental de Tarija se alista para tratar el tema con dos posiciones claramente definidas que dividen por dentro a las bancadas de una y otra corriente.
Para las autoridades chaqueñas que llegaron a la capital a sentar su postura con documentos ante las entidades públicas, el tema está cerrado más allá de la instancia que tenga la competencia, en sentido de que si procede la petición de O´Connor y Arce debe ser en base al 55 por ciento de regalías departamentales y no al 45 por ciento que reciben como región autónoma por la Ley 3038. La propuesta, sin embargo, señala que se debe reconocer el 45 por ciento de la producción al lugar en el que se produce. Actualmente todo va al Chaco.
Ayer arribaron a la capital del departamento las autoridades de las tres secciones de la Región Autónoma del Gran Chaco tarijeño, con documentación para presentar ante la Brigada Parlamentaria, a la que acusan de parcializada y a la Asamblea Legislativa Departamental, siendo esta la primera de las medidas que se ejecutan en pos de la defensa de su porcentaje del 11 por ciento de las regalías que recibe el departamento.
Previamente, en medio de un bloqueo del pozo Jaguar X6 en la provincia O´Connor por la redistribución de regalías, se conoció que la ALPB realizaría un pronunciamiento de la Comisión de Economía Plural para derivar el tratamiento del proyecto a la ALDT, acorde a lo que había manifestado el presidente Evo en sus discursos, alegando que esto corresponde por competencia y autonomía.
Respecto a este tema, algunos asambleístas departamentales expresaron su postura, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Velasco, fue enfático al manifestar que cuando llegue el proyecto de Ley de Redistribución a la ALDT, el tratamiento procedería pero en la línea que está dentro de las facultades del legislativo departamental el deliberar para emitir un pronunciamiento, pero no hacer las modificaciones en el sentido que plantean Arce y O´Connor, de determinar porcentajes para las provincias ya que aquello está fuera de la competencia. Lo cierto es que la Asamblea Departamental no tiene capacidad de modificar leyes nacionales.
“Los parlamentarios nacionales están rehuyendo a tratar algo que efectivamente es un tema que está generando mucha polémica, movilización social. Parece que le tienen temor a eso. Yo creo que la Asamblea Legislativa Plurinacional debería asumir esta situación en marco a lo que dice la CPE respecto a lo que son las competencias privativas del nivel central, donde están los hidrocarburos, que no se pueden relegar a otra instancia departamental”, opinó la autoridad a tiempo de indicar que tocar el 45 o el 55 por ciento genera una situación delicada que despierta necesidades y derechos de las provincias.
Desde las filas de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), la asambleísta María Lourdes Vaca aseveró que se trata de una demanda legítima de las provincias, pero tomando en cuenta que se tiene un 45 por ciento del Chaco, un 8 por ciento de los gobiernos municipales, a lo que se debe sumar la transferencia de recursos que se hacen al nivel central del Estado, porcentualmente se llega a un 110 por ciento de los recursos departamentales.
Por ello para la autoridad si no se discute las prioridades de inversión pública se generará ingobernabilidad, tomando en cuenta que la autonomía ha creado figuras y demandas legítimas de las provincias que hacen un escenario conflictivo, pero es a la vez una oportunidad para concretar un pacto fiscal departamental que permita ponerse de acuerdo internamente.
“Sin duda alguna es pasar una papa caliente -como se dice- al departamento de Tarija; en este caso a la Asamblea Departamental, pero bueno el contexto jurídico desde que tenemos un Estatuto Departamental ha cambiado, por lo tanto las acciones que tienen que ver con recursos y gestión tienen que resolverse en el departamento. Pero el tema de discusión no es quién aprueba sino cómo generamos un acuerdo económico departamental, yo creo que ese es el tema nodal en este momento y debemos generar un escenario que nos permita a los tarijeños ver hacia dónde van los recursos y cuál será la forma de distribución de estos recursos”, opinó.
Chaqueños en diligencias para defender su 45%
La Máxima Autoridad Ejecutiva transitoria del Chaco, José Quecaña, indicó que “el 45 por ciento no se negocia pero sí se explica”. En ese marco, anunció que se despliegan representaciones ante la Asamblea Legislativa Departamental, Asamblea Plurinacional y la Brigada Parlamentaria, donde se presentaron ayer con documentación que según la autoridad tiene un contexto histórico y no movilizaciones de un mes o un año.
Asimismo, indicó que hoy los tres alcaldes de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí, el Gobierno Regional, la Asamblea Legislativa Regional del Chaco, más las instituciones sociales y cívicas proseguirán con las representaciones. “Ellos (por Arce y O´Connor) pertenecen a la autonomía departamental. Tienen un 55 por ciento, que discutan, que vean y que dialoguen”, agregó.
Para las autoridades chaqueñas que llegaron a la capital a sentar su postura con documentos ante las entidades públicas, el tema está cerrado más allá de la instancia que tenga la competencia, en sentido de que si procede la petición de O´Connor y Arce debe ser en base al 55 por ciento de regalías departamentales y no al 45 por ciento que reciben como región autónoma por la Ley 3038. La propuesta, sin embargo, señala que se debe reconocer el 45 por ciento de la producción al lugar en el que se produce. Actualmente todo va al Chaco.
Ayer arribaron a la capital del departamento las autoridades de las tres secciones de la Región Autónoma del Gran Chaco tarijeño, con documentación para presentar ante la Brigada Parlamentaria, a la que acusan de parcializada y a la Asamblea Legislativa Departamental, siendo esta la primera de las medidas que se ejecutan en pos de la defensa de su porcentaje del 11 por ciento de las regalías que recibe el departamento.
Previamente, en medio de un bloqueo del pozo Jaguar X6 en la provincia O´Connor por la redistribución de regalías, se conoció que la ALPB realizaría un pronunciamiento de la Comisión de Economía Plural para derivar el tratamiento del proyecto a la ALDT, acorde a lo que había manifestado el presidente Evo en sus discursos, alegando que esto corresponde por competencia y autonomía.
Respecto a este tema, algunos asambleístas departamentales expresaron su postura, el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS), Rubén Velasco, fue enfático al manifestar que cuando llegue el proyecto de Ley de Redistribución a la ALDT, el tratamiento procedería pero en la línea que está dentro de las facultades del legislativo departamental el deliberar para emitir un pronunciamiento, pero no hacer las modificaciones en el sentido que plantean Arce y O´Connor, de determinar porcentajes para las provincias ya que aquello está fuera de la competencia. Lo cierto es que la Asamblea Departamental no tiene capacidad de modificar leyes nacionales.
“Los parlamentarios nacionales están rehuyendo a tratar algo que efectivamente es un tema que está generando mucha polémica, movilización social. Parece que le tienen temor a eso. Yo creo que la Asamblea Legislativa Plurinacional debería asumir esta situación en marco a lo que dice la CPE respecto a lo que son las competencias privativas del nivel central, donde están los hidrocarburos, que no se pueden relegar a otra instancia departamental”, opinó la autoridad a tiempo de indicar que tocar el 45 o el 55 por ciento genera una situación delicada que despierta necesidades y derechos de las provincias.
Desde las filas de Unidad Departamental Autonomista (UD-A), la asambleísta María Lourdes Vaca aseveró que se trata de una demanda legítima de las provincias, pero tomando en cuenta que se tiene un 45 por ciento del Chaco, un 8 por ciento de los gobiernos municipales, a lo que se debe sumar la transferencia de recursos que se hacen al nivel central del Estado, porcentualmente se llega a un 110 por ciento de los recursos departamentales.
Por ello para la autoridad si no se discute las prioridades de inversión pública se generará ingobernabilidad, tomando en cuenta que la autonomía ha creado figuras y demandas legítimas de las provincias que hacen un escenario conflictivo, pero es a la vez una oportunidad para concretar un pacto fiscal departamental que permita ponerse de acuerdo internamente.
“Sin duda alguna es pasar una papa caliente -como se dice- al departamento de Tarija; en este caso a la Asamblea Departamental, pero bueno el contexto jurídico desde que tenemos un Estatuto Departamental ha cambiado, por lo tanto las acciones que tienen que ver con recursos y gestión tienen que resolverse en el departamento. Pero el tema de discusión no es quién aprueba sino cómo generamos un acuerdo económico departamental, yo creo que ese es el tema nodal en este momento y debemos generar un escenario que nos permita a los tarijeños ver hacia dónde van los recursos y cuál será la forma de distribución de estos recursos”, opinó.
Chaqueños en diligencias para defender su 45%
La Máxima Autoridad Ejecutiva transitoria del Chaco, José Quecaña, indicó que “el 45 por ciento no se negocia pero sí se explica”. En ese marco, anunció que se despliegan representaciones ante la Asamblea Legislativa Departamental, Asamblea Plurinacional y la Brigada Parlamentaria, donde se presentaron ayer con documentación que según la autoridad tiene un contexto histórico y no movilizaciones de un mes o un año.
Asimismo, indicó que hoy los tres alcaldes de Yacuiba, Villa Montes y Caraparí, el Gobierno Regional, la Asamblea Legislativa Regional del Chaco, más las instituciones sociales y cívicas proseguirán con las representaciones. “Ellos (por Arce y O´Connor) pertenecen a la autonomía departamental. Tienen un 55 por ciento, que discutan, que vean y que dialoguen”, agregó.