“Ángeles condenados”: 615 niños en las cárceles de Bolivia

Lupe tiene cuatro años. Desde que nació ha vivido presa junto a su madre, en un penal que apenas supera los 200 metros cuadrados y junto a otras 40 mujeres con sus hijos. Para Lupe la cárcel es su casa, así que con una muñeca en brazos se pasea entre el polvo, los pétreos rostros y la suciedad. Ella no sabe de besos, de frases bonitas ni de celebraciones de cumpleaños.

Fabián tiene seis años llegó a la cárcel junto a su padre hace un año y lo primero que vio le generó gran impacto. En ese momento un reo, que habían metido en un turril, era golpeado con palos por parte de sus “compañeros”. Desde ese entonces Fabián ha evitado salir demasiado al patio aunque diez veces se ha descubierto en medio de la cancha abrazado de su vieja pelota.

Bolivia es el único país que permite a los hijos de los presos crecer entre barrotes. Nacieron libres, sin delitos ni malos pensamientos pero el mal accionar de sus padres los convirtió en reos.

De acuerdo a la normativa nacional los menores de seis años pueden vivir en las cárceles de mujeres junto a sus madres, pero está prohibido que vivan en los penales de varones, aunque la realidad vulnera el Código del Niño Niña y Adolescente.

Según cifras oficiales 615 menores viven en las cárceles del país. Las normas establecen que los niños y niñas deben permanecer de manera prioritaria con el progenitor o progenitora que se encuentra en libertad, no obstante, si ambos están recluidos podrán mantenerse con la madre hasta los seis años.

A partir de la promulgación del Código Niña Niño Adolescente (NNA) el año 2014, queda terminantemente prohibida la presencia de menores en centros de adultos, sin embargo, a la fecha no se logró generar un programa de intervención que permita su retiro paulatino, pacífico y coordinado.

De acuerdo a Régimen Penitenciario, hasta febrero de este año, 615 menores de edad convivían con sus padres y/o madres en las cárceles del país; 420 en La Paz; 99 en Santa Cruz y 55 en Cochabamba; 550 niños son menores de seis años y 132 mayores de seis, quienes deben salir de las cárceles. Pero las cifras no oficiales siguen apuntando a un número mayor a 1.000 que viven expuestos a violencia física, emocional y psicológica.

Niños en cárceles de mujeres: atacar la causa del problema
La activista en derechos humanos Marisol Quiroga se plantea una interrogante al momento de analizar la situación de las mujeres madres en las cárceles en relación con sus hijos. “¿Por qué las mujeres están en las cárceles?”, cuestiona, para quien ahí está el origen del problema.

Sostiene que desde una perspectiva de derechos humanos el dilema no es sacar o dejar a los niños y niñas con sus madres, porque en ambos casos se violentan los derechos de los menores.

“Si los dejamos ahí adentro los niños van a cumplir una pena privativa de libertad junto a sus madres, entonces, les estamos quitando el derecho a la libertad que ellos tienen. Si los sacamos y dejamos a sus madres ahí dentro, estamos rompiendo el derecho del menor a vivir con su familia, y ése es un derecho humano fundamental para el desarrollo de los niños”, asegura Quiroga.

Pero además, afirma que el problema de fondo es que el Estado y la sociedad deben analizar soluciones para que las mujeres y sus hijos no estén en una situación de privación de libertad, más aún porque en la mayoría de los casos las mujeres están acusadas por delitos de bagatela como hurto sin agravante, deudas menores, la Ley 1008, delitos contra la propiedad, entre otros.

La profesional sostiene que esas mujeres denunciadas por delitos menores “no deberían estar privadas de libertad”, lo que exige un cambio en la forma de ver y encarar la problemática. “Veamos el principio de ponderación, ¿cuántos bienes jurídicos estamos vulnerando por una mínima cuantía?”, vuelve a cuestionar.
Reclama que la administración de justicia no aplique medidas sustitutivas a la detención preventiva como la detención domiciliaria o el pago de garantías que están vigentes en el país.

Las autoridades jurisdiccionales, en el marco del sistema penal, al momento de decidir la situación jurídica de las mujeres deben tomar en cuenta el “principio de prioridad social”, es decir si hay niños al cuidado de estas mujeres se debiera aplicar las medidas alternativas.
La experta en DDHH cuenta que hace cuatro años más o menos, de acuerdo a ley, se intentó sacar a los niños mayores de 6 años de las cárceles, para lo cual se planteó construir una casa para los menores en la cárcel de Obrajes.

El proyecto pretendía ofrecer infraestructura adecuada para los menores, con espacios de recreación, comedor, ambientes de aseo, de descanso, pero los niños no quisieron dejar a sus madres. “Cuando se les dijo que no irían con sus madres, ellos dijeron que no, comentaron que preferían dormir en los pasillos a estar sin sus progenitoras”, comenta.

En Bolivia no hay penales que tengan las condiciones de vida digna para los niños y niñas, todos han sido adaptados, en su mayoría no existen guarderías, no hay programas educativos ni de salud, situación que no mejora la calidad en el crecimiento de los menores.
Quiroga apunta a la necesidad de una política criminal que oriente en los motivos por los que las mujeres delinquen, “lo hacen porque hay una situación económica precaria”, por eso están generalmente involucradas en los delitos a la propiedad, en su mayoría no son autoras si no encubridoras, ya sea de sus parejas, familiares y otros, argumenta.

Sólo el 12% de las mujeres tienen sentencia, denuncia la Oficina Jurídica de la Mujer con sede en Cochabamba, esta retardación de justicia desemboca en que deban permanecer más tiempo con sus hijos en las cárceles y sean más propensas al abandono de sus parejas o sus familiares.

Las mujeres madres intentan crear un ambiente familiar en el penal, trabajan de lavanderas, hacen artesanía, y otras laborales para mantener y hacer estudiar a sus dependientes, ya que el Gobierno otorga un pre diario de Bs. 8 al día.

Niños en las cárceles de varones: mayores niveles de vulnerabilidad
El Código del Niño Niña y Adolescente prohíbe la presencia de menores en los centros penitenciarios de varones, una disposición que no se cumple porque hay padres que tienen la tutela de sus hijos.

La norma es clara: “En forma excepcional, la niña o niño que no alcanzó seis (6) años de edad podrá permanecer con su madre, pero en ningún caso en los establecimientos penitenciarios para hombres”.

El argumento es que “en las cárceles de varones hay mayores niveles de vulnerabilidad. El Código es claro y nos dice que solamente las madres puedan vivir con sus hijos, (pero) también en las cárceles hay padres que por diferente circunstancias se han visto con la tutela y guarda de sus hijos”, dice Quiroga.

El tema es una disyuntiva latente para las autoridades y para la sociedad. Entre mantener o sacar a los menores de las cárceles. Su permanencia en los recintos es una permanente vulneración del derecho a la seguridad porque están expuestos a riesgos, sobre todo en las cárceles de varones.

Pero por otro lado “no se puede separar a un padre de sus hijos, es una violación al derecho a vivir en familia y crecer en un entorno de amor, cariño y protección. El Estado también debería dar una mirada a estos casos especiales de padres con niños en las cárceles. Ver la situación jurídica de estos padres, cuántos podrían obtener la libertad”, refiere.

Los niños deben salir de las cárceles
El pastor de la iglesia Adventista Heber Michel, que trabaja con voluntarios en el penal de San Pedro, afirma que los menores que viven en la cárcel son fuertemente influenciados por el entorno. “Para que haya niños debe haber condiciones. Además hay un marco legal que debe cumplirse”, para que no permanezcan ahí.

Añade que además de los problemas de falta de seguridad, hay hacinamiento, en las celdas o cuartos donde habitan los niños, adolescentes y adultos en medio de muchos riesgos; no hay higiene lo que genera enfermedades; incluso el lenguaje de los reclusos no es el mejor y los menores están expuestos a ese tipo de convivencia. Añadido a esto está el consumo de bebidas y drogas, violencia, violaciones, hechos que se registran al interior del penal.

“Hay una alta tasa de reincidentes, si son reincidentes no tienen la intención de rehabilitarse, después de eso vuelven a reincidir. Con ellos conviven los menores”, contó, al sentenciar que “lo que se tiene que hacer, aunque es duro, es sacar a los niños de las cárceles”, señala.

Acciones poco planificadas
En el año 2013 un hecho estremecedor desató la alerta nacional e internacional, cuando se conoció que dos niñas fueron violadas durante años por su tío, padre y padrino recluidos en el penal de San Pedro de La Paz; tras los vejámenes una de ellas resultó embarazada.
Desde entonces existe el compromiso de aplicar acciones consensuadas y planificadas a través de políticas estatales y dar solución a la problemática, pero hasta 2018 no se cuenta con un programa de protección para estos menores.

En abril, la Defensoría del Pueblo aseguró que hay “falencias” en las políticas para resguardar la integridad de los menores que ingresan a las cárceles y remarcó la importancia de “no quebrar el núcleo familiar” para evitar traumas.

En Bolivia la normativa establece que los hijos e hijas menores de edad deben permanecer prioritariamente con el progenitor o progenitora que se encuentra en libertad, no obstante cuando ambos se encuentren recluidos de manera excepcional podrá permanecer con la madre hasta los 6 años de edad. Caso contrario será entregado a la familia ampliada y en último caso a centros de acogida.

En general, algunos estudios realizados sugieren el establecimiento de programas de intervención que operen en tres fases: Antes del ingreso a la cárcel; durante la privación de libertad; y, antes de la puesta en libertad.
“En todos los casos, el padre y la madre deben tener la posibilidad de intervenir”, recomendó la directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra.

Qué dice la normativa

La directora de la Fundación Construir, Susana Saavedra, explica que los estándares internacionales precisan que las decisiones sobre la situación de niños y niñas cuyos padres ingresan a privación de libertad deben tomarse en función del interés superior de los menores.

Menciona que las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas (NNUU) para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas de Mandela) establecen que cuando los niños permanezcan con su madre o padre en las cárceles, se tomarán disposiciones para facilitar servicios internos o externos de guardería con personal calificado; proporcionar servicios de atención sanitaria especiales para niños y servicios de seguimiento constante de su desarrollo a cargo de especialistas.

Saavedra agrega que en este momento preocupan las políticas de intervención que se han dispuesto en los penales, para sacar a los menores de edad, por la falta de planificación, consenso y respeto a los derechos humanos de los menores y sus padres.

Como una medida reactiva, tras la vejación de la menor en Palmasola, desde febrero en la sección para varones PC4 de ese penal, el Gobierno institucionalizó de manera abrupta y poco planificada a al menos ocho menores. En el PC2, que es el pabellón de mujeres, al momento hay alrededor de 70 niños que van desde recién nacidos hasta los cinco años, informa la abogada Jessica Echeverría.